A un año del fraude, ninguno de los once casos tiene acusación formal

A casi un año del denominado fraude electoral, ninguno de los 11 casos abiertos en todo el país —dos nacionales y nueve departamentales— llegó a acusación formal ni a juicio, y muchos de estos procesos ni siquiera tienen a los implicados con imputación, por lo que autoridades y políticos observan que la Justicia no está haciendo su trabajo y perjudica las investigaciones. 

La Fiscalía considera insuficiente el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades encontradas en el proceso electoral del 20 de octubre de 2019 y refiere la necesidad de una pericia internacional para validar las diligencias y emitir la resolución correspondiente. 

El Ministerio Público investiga desde noviembre de 2019 a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunos con detención preventiva y otros con domiciliaria, por presuntos delitos electorales, falsificación de documentos y uso de instrumento falsificado, manipulación informática, delitos de corrupción, entre otros. Los vocales departamentales de esa gestión también están siendo investigados.

En junio, el fiscal de La Paz, Marco Antonio Cossío, refirió que el curso de la pesquisa sobre el case fraude electoral está casi completa, al “90 por ciento”, y que sólo esperaban una pericia.

Cuatro meses después, el fiscal Cossío, además del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, refieren que buscan una empresa europea para realizar la referida pericia, pero en este caso mencionaron el objeto del estudio: el informe de la OEA sobre las irregularidades en los comicios del 20 de octubre e 2019.

“Nos falta un peritaje internacional, estamos haciendo con recursos propios de la Fiscalía y entendemos que colectando algunos elementos más emitiremos la acusación, pero yo estimo unos dos meses más, tenemos que contrastar, si bien existe el peritaje de la OEA nosotros tenemos que hacer otro peritaje”, indicó.

A su vez, Lanchipa, de manera coincidente, mencionó que el Ministerio Público, por cuenta propia, ha logrado tomar contacto con una empresa y, “con los pocos recursos que tenemos, vamos a lograr cubrir los gastos que demande la pericia informática internacional”.

Explicó que dentro de este caso se tiene como base un informe de la OEA, en el que establecen indicios, pero, como Ministerio Público, se debe tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe.

Sin embargo, pese a que el Fiscal General señala que el peritaje de la OEA establece algunos indicios, el fiscal encargado del caso, Fernando Atanasio, asegura que “el informe de la OEA es un informe, eso que significa que sólo han recopilado datos que a ellos les ha permitido recopilar algunas irregularidades” y que prefiere no indicar si hay o no fraude. 

“Mucho se dice ‘suficiente la OEA’; para nosotros no es suficiente para llegar a la verdad de los hechos (…). El informe de la OEA tiene que ser ratificado, validado por diligencias precisas que vayan a sustentar justamente esos argumentos de ese informe la OEA, o en su caso si el informe arroja resultados en otro sentido tendrá que descargar algunas situaciones”, mencionó.

De acuerdo con Atanasio, los documentos del organismo internacional revelan la existencia de un servidor no autorizado, pero no quiénes son los responsables de las irregularidades en el proceso electoral.

“La obligación que tenemos es precisar si evidentemente eso es cierto o no. ¿Cómo precisamos? Con una pericia, con informes de las empresas directamente vinculadas, instituciones vinculadas a este proceso eleccionario y al mismo tiempo quiénes eran responsables de eso, el informe de la OEA no precisa eso”, manifestó el fiscal.

En este larg...