Denuncian que casos de corrupción en gestión de Arce quedan en la impunidad
A pocos meses de que el presidente Luis Arce cumpla medio periodo de la gestión gubernamental, se presentaron varias denuncias de corrupción que de a poco se quedan en la impunidad. De determinarse alguna responsabilidad, los involucrados son funcionarios de baja jerarquía. Entre otros casos se pueden mencionar el cobro de coimas o sobornos para adjudicar una carretera, ambulancias “fantasmas” y tráfico de exámenes.
A fines de enero de 2023, se conoció el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado por Transparencia Internacional. Este ubica a Bolivia en el puesto 126 entre 180 países, con una puntuación de 31 sobre 100.
Este registro mide la percepción de cuán corrupto es el sector público de cada país, de acuerdo con expertos y personas dedicadas a los negocios, según la explicación de Transparencia Internacional.
En ese contexto, algunos analistas observaron que en Bolivia las denuncias de corrupción, cuando involucran al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), no prosperan, quedan en nada o sólo se encuentra responsabilidad en funcionarios de baja jerarquía.
“Todo lo que antes sólo la oposición denunciaba el tema de la corrupción en el gobierno, hoy se está secundando todas las denuncias, porque resulta que desde el propio MAS salen denuncias por acciones de la administración del presidente Luis Arce”, aseguró el economista y exdirigente sindical Lucio Gonzáles Alanes.
Resulta —agregó— que son los propios militantes del MAS que se están diciendo sus verdades, los renovadores y los radicales, y en todo caso es un hecho difícil de negar.
“Lo que se ve directamente es el fiel reflejo de una sociedad boliviana donde hay sectores que quieren un cargo público para servirse de él, porque lo ven como una salida rápida a su problema económico”, dijo en su oportunidad el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca.
Denuncias
Una de las últimas denuncias es contra el ministro de Minería, Ramiro Félix Villavicencio, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y el uso indebido de influencias por la posesión irregular de los responsables de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Entre los nombrados están Brenda Lafuente, Carmen Nilza López, Erick Ariñez (actualmente en funciones). La denuncia fue realizada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Sin embargo, en febrero, el Conade planteó una denuncia penal contra el presidente Arce por los delitos de nombramientos ilegales y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Le cuestionaron haber nomb
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