Urge una reforma penitenciaria para que el Estado controle las cárceles

La ausencia del Estado por más de 40 años en las cárceles ha derivado en un creciente tráfico de sustancias controladas y alcohol al interior de esos recintos, pero también en la planificación y manejo de la criminalidad en complicidad con la Policía, coincidieron en afirmar exautoridades del área. Ante este panorama, se plantea la urgente necesidad de concretar una reforma penitenciaria a partir de la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana para que la administración de los penales pase a manos de personal civil.

Nelson Cox, quien desempeñó funciones en el sector público como viceministro en tres oportunidades y delegado del Defensor del Pueblo en Cochabamba, además de estar vinculado a temas carcelarios desde 2006, sostiene que la tarea del Estado se limita únicamente a realizar una que otra mejora en los recintos penitenciarios, lo cual es insuficiente porque el nivel de hacinamiento es del 146 por ciento y esto impide una resocialización de los privados de libertad y tener un control interno de las cárceles que siguen siendo un mundo aparte.

“Las carencias que tienen ahorita las cárceles siguen siendo las mismas que he conocido en 2006: infraestructura, servicios y otros. Todavía existe el límite de poder ver a las cárceles como lugares en los que se pueda recuperar los espacios de vida”, comenta.

Las cárceles continúan siendo posgrados de la criminalidad, no hay una clasificación entre detenidos preventivos y los que cumplen sentencia, tampoco existe un manejo que le devuelva el respeto al sistema penal. Actualmente, como tópico de castigo, se aparta a un privado de libertad para llevarlo a otro recinto penitenciario del país sólo para tener niveles de control disciplinario, pero eso no significa que se esté controlando lo que pasa dentro de las cárceles, dice.

Control

Cox afirma que el Estado ha cedido a los privados de libertad, a través de sus delegados disciplinarios elegidos por ellos, el control interno de las cárceles con matices de corrupción en los que están involucrados los policías. Hoy, el Estado, se limita a organizar ferias para la exposición de los productos que elaboran los reclusos y las autoridades piensan que con eso están manejando los recintos penitenciarios.

“El que abras mercado para los productos que generan los privados de libertad no quiere decir que te estés metiendo a las cárceles. Si realmente se invierte en una clasificación interna de los privados de libertad, cumpliendo así con el propósito de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que data de hace más de 21 años, entonces habría una intención de regulación desde el Estado”, aclara.

Asimismo, considera que el hecho de controlar los niveles de violencia en las cárceles, como lo ocurrido en Palmasola, no quiere decir que se esté interviniendo esos recintos desde una política criminal de Estado que sea responsable con la resocialización y rehabilitación del privado de libertad.

A juicio del exdirector nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, las cárceles prácticamente se han convertido en territorios perdidos por el Estado donde se da el cultivo de cualquier actividad ilícita.

Para nadie es desconocido que en las cárceles hay droga, alcohol, corrupción, coimas y otros ilícitos; además, se está permitiendo que otras personas, al margen de los policías, se involucren. Actualmente hay personas que viven de la delincuencia proveyendo a las cárceles drogas, alcohol y otras cosas ilícitas, señala.

“Cuando hablamos el tema de cárceles, tenemos que pensar en la protección de la socie...