Acusan a Chávez de ocuparse sólo de contar actas y perseguir opositores

Durante sus 20 meses de gestión como procurador, Wilfredo Chávez impulsó el recuento de casi 35.000 actas de las elecciones anuladas de 2019 “para demostrar que ese año no hubo fraude”, sino un “golpe de Estado” y aseguró que se trataba de “un acto de justicia y de verdad”. Se dedicó a perseguir a opositores cuando se sumó, como parte demandante, en el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y está siguiendo paso a paso el proceso contra el exministro Arturo Murillo en EEUU. Para analistas y políticos estas actividades no corresponden a la cartera que dirige Chávez y lo acusan de negligencia y de mantener abandonada la defensa legal del Estado.

Las críticas contra Chávez se dan luego del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que instruye a Bolivia pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por los retrasos en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones en 2010.

Chávez desafío en 2021 a los opositores políticos a revisar las actas y verificar si hubo o no fraude electoral y aseguró que “tienen reservadas butacas especiales en la Procuraduría”. Este acto fue calificado como  persecución política.

Asimismo, se involucró en el proceso internacional que tiene el exministro Arturo Murillo, en EEUU, por los delitos de soborno y lavado de dinero, cuando su rol era otro: “Tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado”, establece el artículo 2 de la Ley de la Procuraduría General del Estado (Ley 064).

La senadora por Creemos Centa Rek lamentó que Chávez se haya involucrado más en los temas políticos antes de cumplir su verdadero rol.

“La Procuraduría está abandonada. (Chávez) se dedicó a h...