Avasalladores usan consorcios para salir impunes y procesar a víctimas

Los traficantes de tierras operan en Cochabamba en complicidad con consorcios de abogados, fiscales, jueces y policías para evadir a la justicia. También fabrican procesos contra las víctimas para despojarlas de sus bienes o cansarlas y así desistan de sus demandas, dijeron los afectados.

Los avasalladores utilizan sus "vínculos  con el poder", es decir, con autoridades del Gobierno nacional,  senadores, diputados, alcaldes y concejales para regularizar los asentamientos ilegales, de acuerdo con el testimonio de varias  víctimas y ambientalistas.

La asistente legal en varios amparos contra los avasalladores, Gabina Condori, indicó que los traficantes conforman "organizaciones criminales", cuya estructura tiene como base a dirigentes y exlíderes de las zonas invadidas que filtran la información sobre los predios a lotear.

“Normalmente seleccionan a las víctimas porque conocen quiénes tienen documentos al día o no, si tienen dinero o son personas vulnerables. Algunos dirigentes usan a terceras personas en concomitancia con las autoridades municipales para entrarse a los terrenos”, dijo.

Condori explicó que con el fin de consolidar la toma de tierras los traficantes acuden a consorcios de operadores de justicia para impedir que las denuncias contra ellos avancen y arman procesos penales contra los dueños para presionarlos a renunciar a sus derechos propietarios.

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Ángel Quispe, expresó que los nexos con autoridades municipales  son visibles, porque no existe ningún tipo de intervención para impedir que los asentamientos ilegales sigan proliferando, pese a que hay normas que los facultan a controlar y sancionar estos ilícitos.

“Ellos tienen un 50 por ciento de implicación en las estafas que están haciendo los loteadores, porque no hacen cumplir las ordenanzas ni otras leyes. Dejan que se hagan construcciones en el área rural sin docum...