13 litigios provocan pérdida de 609 MM de dólares al Estado en 10 años
Bolivia ingresó a su decimotercer litigio internacional y el gasto asciende a más de 609 millones de dólares en 10 años; la oposición ve severo daño económico al Estado.
La información fue brindada por el diputado Marcelo Pedrazas (CC), a través de la petición de informe que hizo a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre los litigios arbitrales internacionales del país. Denunció que debido al Decreto Supremo 4447, que establece confidencialidad, hasta la fecha no tuvo acceso a los contratos suscritos con diferentes estudios jurídicos.
“La Procuraduría es una institución dedicada a perder juicios internacionales de arbitraje que ha tenido el país, demostrando la falsa nacionalización que hizo Evo Morales. (…) estamos investigando otros procesos como el de Fancesa, hemos pedido información de cómo se está trabajando y cuáles son las estrategias jurídicas”, añadió.
El legislador aclaró que el daño económico data desde la creación del PGE en 2011, pero los montos derogados del Estado en litigios internacionales anteriores pueden ascender a 1.000 millones de dólares.
Son 11 litigios arbitrales, de los cuales 10 procesos erogaron 609.171.535 dólares.
Al respecto, el diplomático y exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, señaló que algunas de las razones del gasto en los litigios arbitrales son la improvisación, la falta de una política exterior y de una estrategia coherente para la defensa legal del Estado.
“Cuando no hay profesionalidad en el tema de manejo de demandas internacionales, son estos los resultados (…). No se debería tratar de intereses transitorios de Gobierno, estos temas responden a intereses del Estado”, añadió.
Litigios universales
Bolivia atravesó por dos litigios universales o de carácter internacional, el primero fue cuando en 2013 demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiendo una negociación para que el país obtenga una salida soberana al mar. En 2018 la CIJ determinó que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia sobre este punto.
La segunda demanda fue iniciada por Chile a Bolivia en 2016, pidiendo que la CIJ declare a las aguas del Silala como un río de carácter internacional. Esta se e
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