Ítems fantasma: ¿quiénes se benefician y a dónde va el dinero?

En las últimas semanas, el país ha sido escenario de un escándalo por denuncias de corrupción con la creación de “ítems y contratos fantasma”, en algunas reparticiones del Estado. Abogados y analistas sostienen que esta práctica es habitual en la administración pública y que estas acciones ilícitas se desarrollan en cadena, porque son varias personas las involucradas. Estos afectan a partidos y Gobiernos. 

Esta ilegalidad estalló por un problema familiar de pareja que salpica al municipio de Santa Cruz de la Sierra, entidad donde presumiblemente existirían 800 funcionarios fantasma e incluso mucho más. 

En tanto se desarrolla la investigación, surgen denuncias de casos parecidos en el municipio de Warnes, en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Saguapac), en la Caja Nacional de Salud. 

Además, salen voces en sentido que estas ilicitudes también habrían ocurrido en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Según analistas, esta actividad ilegal está ligada de manera íntima al quehacer político.

“La corrupción política consiste en el incumplimiento de una norma realizada por una persona que desarrolla una función pública, con la finalidad de obtener un beneficio ya sea propio o de un colectivo, social o institucional”, refieren al indicar que los denominados ítems o contratos fantasma se constituyen en un hecho de corrupción.

Los legistas señalan que el denominativo de “ítems o contratos fantasma” no refleja la realidad de los hechos, toda vez que los involucrados en estas ilicitudes son personas reales y que la única víctima es el pueblo, porque tanto los que operan en este acto de corrupción y los que aceptan tienen grados de responsabilidad penal.

“No hay fantasmas; estos ítems están fraguados por personas reales que contactan personas y ofrecen porcentajes de sueldos a cambio de prestar sus datos para determinado cargo, por lo tanto, al aceptar, son cómplices de esta ilegalidad que compromete los recursos del erario nacional, son dineros del pueblo”, mencionó el abogado penalista Ever Vera.

Añadió que, si se investigara sin tinte político, se destaparía la olla, toda vez que “han servido para sustentar económicamente a gobierno y partidos, porque no se habla de pocos ciudadanos”.

El constitucionalista y analista Paul Antonio Coca sostiene que ésta es una práctica continua, porque las personas que llegan al poder se sirven de éste para provecho suyo, de su entorno, su partido u otro.

“No es absolutamente algo nuevo, pero ahora ya obviamente hay una magnitud enorme porque hay redes sociales y todo eso. Esto se debe a dos aspectos principales: el primero, la vulnerabilidad de los sistemas de control para que esa gente no trabaje; en el segundo aspecto, ésta es una absoluta muestra que cuando un partido político se encuentra bastante tiempo en el poder procede a vulnerar todo el proceso”, dijo.

Sostuvo que se utiliza la función pública para enriquecerse y mantener ciertas situaciones partidarias.

Para el economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles, este tema de los ítems fantasma no ocurría en el pasado, pero lo que se ha descubierto ahora realmente es un escándalo, porque muestra que autoridades electas lucran con el poder. 

“Asambleístas, concejales, diputados, senadores, ministros sólo llegan a niveles de gobierno tanto nacional como departamental con el único propósito de...