Los 6 ejes que plantea el Gobierno no alcanzan para cambiar la justicia

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó hace unas semanas en Bolivia su “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. De más de 500 páginas, el fulminante documento está conmocionando a la sociedad boliviana en varios aspectos.

Uno de estos está relacionado con la justicia, su mala administración y su instrumentalización por el poder político de turno. El GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. 

“La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”, señala de forma textual el documento.

Al tener el informe del GIEI carácter vinculante, es decir, que sus recomendaciones son de cumplimento obligatorio, el Gobierno ha reaccionado y ha planteado esta semana una reforma judicial en base a seis ejes.

Si embargo, la propuesta presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, está recibiendo críticas y observaciones de analistas, abogados y constitucionalistas, principalmente porque no toca el origen del problema que es la forma de elección de los magistrados y eso pasa por abrir la Constitución

Política del Estado (CPE) para establecer las reformas.

Otra observación que hacen es su superficialidad. Los críticos anotan que no aborda los cambios desde la estructura, ya que la justicia necesita cambios profundos.

Los abogados y analistas Germán Gutiérrez  y Juan del Granado, entrevistados por ANF, ponen bajo la lupa los  seis planteamientos para la reforma judicial del ministro  de Justicia, Iván Lima.

Los 6 ejes de Lima

1.- Balanceo del conflicto. Consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial.

Para el abogado Germán Gutiérrez el tema de fondo que no toca el Gobierno es la forma de elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial.

“Es un reverendo disparate, porque yo creo que uno de los elementos de relacionamiento de esas autoridades con el poder político está en la forma de su elección”, dijo.

Señaló que no es verdad que todos los candidatos tengan una actitud independiente, imparcial y separado, por ejemplo, de los movimientos sociales. Estos “son los que promueven a todos estos candidatos, y claro ahí se generan niveles de dependencia con ese poder político, porque luego tienen que cobrar la factura que corresponde”, dijo.

El jurista Juan del Granado observó que en la propuesta del Ministerio de Justicia no se hace hincapié en la necesidad de incrementar el número de jueces. “¿Qué cosa vamos a hacer con 1.098 jueces para 11 millones de bolivianos y la mitad de municipios que no tiene jueces ni fiscales?”, cuestionó.

El planteamiento de Lima es una “generalidad que no va a resolver nada”, dijo.

2.- Acceso a la justicia. Se quiere promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda en igualdad de condiciones. 

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