Gobierno desoye alertas y alienta una justicia en crisis
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene en sus manos la proposición acusatoria para que la expresidenta Jeanine Áñez sea sometida a un juicio de responsabilidades por el delito de “genocidio”, por las muertes de Sacaba y Senkata.
Para ello, el Movimiento al Socialismo (MAS) debe tener dos tercios de los votos, es decir, necesita el apoyo de los partidos de la oposición.
Sin embargo, sea cual fuere el resultado de la votación, el Gobierno está emprendiendo la carrera para consolidar estos juicios sin tomar en cuenta las múltiples voces que urgen que antes de empezar con los procesos es necesario contar con una administración de justicia imparcial e independiente del poder político. Algo que no ocurre con el actual Órgano Judicial, cooptado y sometido a los intereses del Ejecutivo.
El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su reciente informe sobre la violación de Derechos Humanos en Bolivia en 2019, alerta sobre esta falta de independencia del poder judicial y del Ministerio Público y recomienda su pronta reestructuración.
Cabe recordar que el Gobierno se comprometió a cumplir y acatar las recomendaciones del GIEI; sin embargo, hasta el momento no ha dado muestras de hacerlo.
En el capítulo dedicado al tema judicial, el informe dice: “Pese al desarrollo normativo en la materia, el GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en
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