GIEI halla violaciones de derechos humanos en los gobiernos de Morales y Áñez
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que lo ocurrido durante la crisis política de 2019, "involucra la responsabilidad del Estado" en las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos que dejaron al menos 37 muertos.
Estableció que se cometió masacre en Sacaba en el departamento de Cochabamba y Senkata en la ciudad de El Alto. El informe "no contempla si hubo golpe o fraude electoral".
Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un Acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, se suscribió el 12 de diciembre de 2019.
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.
La experta del GIEI, Patricia Tappatá, estuvo a cargo de la presentación del informe final al Gobierno de Luis Arce, el mismo contiene ocho capítulos basados en el Acuerdo suscrito entre la CIDH y el Gobierno transitorio.
El informe estableció que durante la crisis de 2019 se "cometieron graves violaciones a los derechos humanos". En ese escenario de conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en distintos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración tanto física como psicológicas.
"Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas", señaló entre las conclusiones Tappatá.
El GIEI señaló que en Sacaba la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre.
En Senkata establecieron que hubo masacre en un uso desproporcional de la fuerza, en la cual diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 personas resultaron heridas. Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido
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