Gobierno analiza al menos cuatro cambios a la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas
El Gobierno analiza al menos cuatro cambios a la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (N° 263) para fortalecer la lucha contra estos delitos. En ese marco se propone la incorporación de la pérdida de dominio de bienes vinculados a estos delitos; una mayor diferenciación de ambos ilícitos, la inclusión de los Ministerios de Defensa y Obras Públicas en la lucha contra estos delitos y la posibilidad de establecer un presupuesto para atender y prevenir esos casos, entre otros.
La propuesta de modificación de la normativa se da en la medida en que se requieren acciones más concretas para luchar contra estos delitos que cada vez más atacan a adolescentes. Precisamente hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, con la finalidad de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos sobre la situación de las víctimas de esta problemática y promocionar y proteger sus derechos.
"Un cambio que se está trabajando es la inclusión en la ley de la pérdida de dominio de los bienes vinculados a la trata y tráfico de personas, para que estas infraestructuras puedan convertirse en oficinas, centros de atención de las víctimas de estos delitos y otros", informó la directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya, durante una entrevista con ANF.
Dicha figura jurídica busca que, mediante una sentencia judicial, se declare la pérdida del derecho de propiedad de un bien vinculado a la trata y tráfico de personas en favor del Estado, con el fin de evitar la consolidación y disfrute sobre esos activos de origen ilícito y que éste se destine a la lucha contra esos delitos.
Al respecto, el técnico operativo del Proyecto Camino a Casa Fase 2 de Plan International, Daniel Siles, opinó que la reforma sería una buena medida para garantizar la habilitación de más centros de acogida y servicios de atención para las víctimas de estos ilícitos.
Arraya contó que otro de los cambios a la normativa, aprobada en 2012, será efectuar una mayor diferenciación entre los delitos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, lo cual implicará modificaciones de las figuras penales en el Código Penal.
En esa línea, Arraya precisó que se pretende cambiar el nombre de la norma como Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
La autoridad afirmó que también se plantea incorporar en el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas (CPCTTP) a los ministerios de Defensa, para que resguarde las fronteras frente a estos delitos, y Obras Públicas, porque regula a los sectores de transporte terrestre, aéreo y otros.
Sobre el presupuesto
Uno de los temas más sensibles en la lucha contra estos delitos es el tema presupuestario. Al respecto, la directora afirmó que se analiza la posibilidad de establecer un presupuesto para la atención y prevención de los casos de trata y tráfico de personas, aunque el tema es "muy complejo".
Por su parte, la coordinadora en Educo del Programa Tejiendo Redes Seguras (Protejeres) y parte del Consejo como representante de la sociedad civil, Nancy Alé, expresó que es una tarea pendiente que en la ley se asigne un presupu
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