Desconocer convenios y tratados pone en duda la “fe del Estado”

Bolivia es signataria de tratados y convenios internacionales, instrumentos que deben ser cumplidos por la “buena fe del Estado”, que tienen carácter de exigibilidad jurídica y desconocerlos o incumplirlos ponen en cuestionamiento la credibilidad de un país.

De acuerdo con una serie de indicadores, el Gobierno boliviano ha suscrito instrumentos internacionales a nivel comercial, derechos humanos, entre otros, en el ámbito universal y regional.

Ante la proximidad del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la Opinión Consultiva respecto a que la “reelección indefinida es un derecho humano”, autoridades, exautoridades y asambleístas ponen en duda su cumplimiento.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Luis Adolfo Flores, dijo que las conclusiones que emita la Corte-IDH, sobre si la reelección indefinida es un derecho humano, no son de carácter vinculante para el Estado.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la opinión consultiva, “no es una opinión específica ni exclusiva para Bolivia; lo que hará es marcar jurisprudencia a nivel regional. No se ha juzgado a Evo Morales ni a Bolivia”.

En su momento, aseguró que la sentencia constitucional 084/2017, que habilita en forma indefinida la reelección presidencial amparándose y el artículo 23 Convención Americana de Derechos Humanos en el derecho humano, ya no está vigente en Bolivia.

De acuerdo con analistas en Derecho y Relaciones Internacionales, esta posición pone la “fe del Estado boliviano” nuevamente en cuestión.

“Me imagino que es producto de la falta de conocimiento frente a estos conceptos internacionales. Bolivia es parte de la Convención de San José de Costa Rica. La Corte-IDH seguramente se va a pronunciar sobre este fallo que estamos esperando, no sólo en Bolivia, sino en diferentes países de Latinoamérica, pese a la solicitud que haya hecho Colombia, pero nosotros somos parte del Convenio de San José, somos Estados que hemos depositado nuestra firma”, dijo Álvaro del Pozo, analista internacional.

El origen consuetudinario de la bone fides (la buena fe), originada en el Derecho Romano, tenía como premisa que “todo convenio establecido por las partes debía ser respetado como el cumplimiento de una promesa obligacional”.

De acuerdo con los detalles, con el progreso jurídico se asienta la buena fe como un principio, donde los intervinientes son llamados a obrar en una faz interna con plena conciencia, posterior a la celebración del acto jurídico, el que será ejecutado, por tanto, con rectitud y honestidad.

“La buena fe tiene un origen consuetudinario, ésta se ha plasmado convencionalmente en distintos instrumentos, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La buena fe es base fundamental del Derecho Internacional Público convencional, presentándose en sus diversas etapas de formación, vigencia y terminación: negociación, firma, ratificación, interpretación, reserva, cumplimiento, suspensión hasta terminación”, explica la politóloga Patricia Velasco.

“En el pacta sunt servanda (lo pactado obliga), recibe carácter de exigibilidad jurídica”, agrega.

Según Andrés Guzmán, entendido en Relaciones Internacionales, Bolivia, al integrar acuerdos en sus distintas formas, se ha comprometido a...