Los poderes de turno someten a la justicia y la usan para sus intereses

La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. El Órgano Judicial parecería adaptarse, una y otra vez, “a las nuevas coyunturas políticas” o en determinados casos a la opinión pública, presión de la sociedad. Legistas, analistas y políticos cuestionan cómo la justicia se acomodó en tiempo de Evo Morales, cambió en la administración transitoria de Jeanine Áñez y vuelve a virar en este nuevo periodo de Luis Arce, servilismo total.

Debido a la voluntad de los que detentan el poder político del Estado y las deficiencias del diseño y la organización del Órgano Judicial, la relación entre los que imparten la justicia y los que ejercen el poder político no es horizontal, no se desarrolla a través de mecanismos y prácticas regladas por la Constitución; por tanto, no es una relación que tenga su base en el plano de la igualdad, el respeto de la independencia ni en el marco del sistema de pesos y contrapesos.

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera, en su momento, señaló que la crisis judicial se arrastra desde hace décadas, pero que desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está en función gubernamental se fue profundizando, llevándola hasta un estado casi terminal.

“En los últimos 14 años, esta crisis ha llegado casi a una fase terminal. Se ha agudizado y la independencia judicial definitivamente ha llegado a ser afectada en límites extremos por una alta injerencia del poder político y también del poder económico”, refirió en contacto con Guardiana.

Según diferentes reportes de 2006, cuando Evo Morales y el MAS llegaron por primera vez al poder, y enfrentaron una serie de objeciones, a través de decretos supremos empezó a designar a magistrados de la entonces Corte Suprema, para la Judicatura, además de fiscales distritales.

Esto generó roces con el Tribunal Constitucional, que destituyó a los designados a la Corte Suprema de Justicia, por lo que Morales los tildó de “emenerristas, adenistas, miristas”. Esta confrontación entre el Ejecutivo y Judicial derivó a que este último declara un paro de 24 horas del sistema judicial.

Pasarían tres años, 2009, para que el MAS tome el control de la justicia, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

“Toda la cabeza del sistema judicial boliviano es elegida por sufragio universal” cada seis años, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además del Consejo de la Magistratura, responsable de la disciplina dentro de todo el aparato judicial. También se elige al fiscal general del Estado.

Por diseño constitucional, los candidatos a altos magistrados de estos principales órganos judiciales del país son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por dos tercios de sus miembros presentes. Durante ese periodo, estaba en manos del partido azul.

Con este control, el MAS estuvo en condiciones de “poner jueces” cercanos al partido al frente de todo el sistema de Justicia en Bolivia.

El constitucionalista Paul Antonio Coca señala que el “problema de raíz” que es la administración de justicia, en anteriores años, a la vigencia de la anterior Constitución y hoy con la Constitución actual, la administración de justicia tiene privilegios.

“Se somete al poder político de turno”, refiere.

Casos

En un recuento de hechos de uso de la justicia como instrumento de persecución en los periodos gubernamentales, señalan algunos analistas, están el Porvenir, el hotel Las Américas con ejecuc...