Ven un acto político y no jurídico en el pedido de extradición de Murillo

En las últimas semanas, autoridades del Ejecutivo, el Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales se encuentran en un laberinto sobre la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo. 

Legistas consideran que lo único que busca el Gobierno es “protagonismo político” por acciones que no realizó, sobre todo tomando en cuenta que el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos de América es claro, pero se incurre en errores.

Desde que se conoció la detención del exministro Murillo, su jefe de gabinete y otros en Estados Unidos por los presuntos delitos de soborno y lavado de dinero, las autoridades bolivianas tejieron una serie de versiones sobre los procesos que se le siguen en el país e inmediatamente referir el pedido de extradición.

El canciller Rogelio Mayta, al respecto, sostuvo que la justicia estadounidense definirá la procedencia o no del requerimiento boliviano. El procurador general del Estado Wilfredo

Chávez dijo que, una vez que cumpla la condena que le imponga la justicia de EEUU, se podrá gestionar la extradición de la exautoridad.

“El Gobierno está actuando dentro de una lógica absolutamente política, no en base a una lógica jurídica”, señala el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca.

Agrega que, en la lógica jurídica, se ha establecido —particularmente con Estados Unidos— que la extradición procede una vez que las personas requeridas cumplan su condena en ese país, y no antes.

La politóloga Patricia Velasco es más incisiva y cuestiona el porqué no se informa lo que establece el tratado entre Bolivia y Estados Unidos, que a la letra dice cuándo procede una solicitud de extradición.

“El Estado requerido podrá aplazar la entrega de una persona contra quien se haya iniciado procedimiento judicial o que esté cumpliendo una condena en ese Estado....