Impuesto al agronegocio: advierten fuga de capital y golpe a la formalidad
“Si nos ponen un impuesto, nos matan”, dijo el representante de los productores de soya San Pedro (Santa Cruz), Eliazar Arellano. La reacción surge luego de la sugerencia del exvicepresidente Álvaro García Linera de poner impuesto a las agroexportaciones del país.
El rechazo rotundo también lo expresa la industria oleaginosa y el sector exportador, que dicen que la propuesta es una medida atentatoria al desarrollo económico porque elevará la carga fiscal al ya golpeado sector formal, pero dejará exentos a los rubros informales que superan el 70 por ciento de la actividad económica del país.
Una impresión similar tiene el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, quien afirma que el sector necesita apoyo y no ser asfixiado económicamente, puesto que un nuevo tributo obligará a aumentar el precio de las exportaciones y eso desalentará a muchos compradores.
La exportación agropecuaria tiene la balanza comercial a favor, a diferencia de los productos tradicionales como la minería y el gas natural. Aunque las ventas se redujeron en los últimos años, representan más que las importaciones, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
En 2020, las ventas externas de productos tradicionales bajaron en 18 por ciento en valor y 14 por ciento en volumen, mientras que las no tradicionales crecieron un 25 por ciento en valor y 4 por ciento en volumen.
El crecimiento de las exportaciones no tradicionales se centra en productos como la soya y derivados, cueros, bananas y carne bovina.
En ese contexto, García Linera lanzó su propuesta impositiva. La presentó en una entrevista que concedió al diario español La Última Hora.
Según la exautoridad, una medida económica es la aplicación de un impuesto a las exportaciones agrícolas, ya que este sector goza de una subvención a la energía eléctrica y el diésel. Agregó que incluso se les devuelve una parte de sus impuestos, mientras hay un “0 por ciento” de interés por sus exportaciones.
“Cuando el Estado tenía otras fuentes para pagar salud y educación, que venían del gas, se dejó que esto avanzara, pero ahora que se estrechan las opciones este sector de alta rentabilidad debería pagar una tasa del 5, del 10, del 15 por ciento de sus exportaciones al Estado”, dijo.