En 7 días, denuncia por presunto “golpe de Estado” viró hacia Áñez

Sobre bases jurídicas cuestionadas y una serie de contradicciones e incoherencias avanza el caso de presunto “golpe de Estado” promovido por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty. Un proceso, que tiene como brazo operativo el Ministerio Público de La Paz, que en menos de siete días cambió totalmente de objetivo.

En principio, el 1 de diciembre del año pasado, Patty presentó una demanda contra el exlíder cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca y su padre José Luis Camacho Parada, por supuestos delitos de “conspiración” y “desestabilización” del gobierno de Evo Morales, tras los comicios de octubre de 2019.

Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Williams Kaliman, y de la Policía, general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de “terrorismo, sedición y conspiración”, pues habrían “deliberado y sugerido” a Morales su renuncia, violando así la Constitución boliviana, por lo que pidió su detención inmediata ante el peligro de fuga. En el proceso se señala como víctimas a Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra Arriaza y Víctor Ezequiel Borda Belzu.

Si bien se menciona en la denuncia otros autores, no se señala a la expresidenta Jeanine Áñez ni a los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, u otros que formaron parte del gabinete del gobierno transitorio.

Pero en una ampliación repentina de la denuncia, hace más de una semana, se aprehendió a Áñez, Coimbra y Guzmán, los tres ahora con detención preventiva en los penales de La Paz.

Además, se allanó la casa del exministro Yerko Núñez, pero no se logró su captura. Para Juan del Granado, abogado y principal artífice del juicio de responsabilidades a Luis García Mesa, la denuncia y el enjuiciamiento contra la expresidenta Áñez por sedición, conspiración y terrorismo “es una triquiñuela destinada a encarcelarla ilegalmente, eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde como expresidenta por supuestos delitos que hubiere podido cometer en el ejercicio de sus funciones”.

El argumento de la comisión de fiscales del caso, además del titular de Justicia, Iván Lima, para no seguir un juicio de responsabilidades contra Áñez, es que los presuntos ilícitos que habría cometido para hacerse de la Presidencia las cometió cuando fungía como senadora.

“Eludir el juicio penal de responsabilidades, que tiene que tramitarse ante la Corte Suprema de Justicia, previa autorización legislativa, es un ardid contrario a la Constitución y a los derechos fundamentales, reiterando el camino de la persecución política, de la venganza partidaria y de la confrontación, que pueden aparejar graves riesgos a la convivencia democrática y a la propia estabilidad gubernamental. Nunca hubo golpe, sino fraude, sublevación ciudadana y fuga”, expresa Del Granado en su análisis de atropello a los derechos.

Asimismo, señala que en el hipotético caso de que haya habido un golpe de Estado en 2019, como pretende hacer creer el MAS, Áñez igualmente debe ser sometida a un juicio de responsabilidades. Por otra parte, Del Granado apuntó que no se pueden separar los hechos previos de un supuesto golpe de Estado, de los delitos que después hubieran cometido los gobernantes de facto (Senkata y Sacaba).

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