Entre 2012 y 2020 se indultó a 7 mil reos; ahora se prevé liberar a 3 mil

Desde 2012, en Bolivia se aprobaron por lo menos ocho decretos presidenciales de indulto y amnistía por razones humanitarias. A éstos se suma el último, el Decreto Presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y “perseguidos políticos” de 12 de febrero de 2021, que, como indica su nombre, también es para las personas que se consideren “víctimas de persecución” entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020. 

Se prevé que el beneficio alcance a más de 3.180 procesados, entre ellos víctimas de la retardación de la justicia, embarazadas, ancianos, personas con enfermedades crónicas o en estado terminal y progenitores con hijos menores de 12 años o con algún grado de discapacidad. Asimismo, se encontrarían alrededor de 1.100 “perseguidos políticos”. 

Será la liberación de procesados y presos más numerosa de la última década. Entre 2010 y 2020, se indultó a más de 7.429 mil reos por razones humanitarias, casi siempre por la proximidad de la Navidad y las fiestas de fin de año, y la presión por las condiciones inhumanas por el hacinamiento carcelario. 

Los siete decretos presidenciales de indulto y amnistía emitidos entre 2012-2019, gestión de Evo Morales, se beneficiaron a 7.099 privados de libertad en todo el país. 

Durante el primer periodo de la administración de Evo Morales, se emitieron desde diciembre de 2012 a diciembre de 2015, cuatro decretos presidenciales para la concesión excepcional del indulto. En total accedieron al beneficio 4.953 personas (66% varones y 34% mujeres), 234 en 2012, en 2013 el indulto y amnistía alcanzó a 1.733 privados de libertad, en 2014, la norma logró excarcelar a 1.698 internos y en 2015, se alcanzó a 1.288 privados de libertad.

En el segundo período, entre los años 2016 y 2019, se acogieron a beneficio 2.146 personas en total, 520 en 2016, 770 en 2018 y alrededor de 856 a agosto de 2019.

El decreto 4426, de 28 de abril de 2020, emitido por la expresidenta Jeanine Áñez en el marco de la emergencia sanitaria nacional y con vigencia de siete meses, favoreció a un número reducido de privados de libertad, alrededor de 330. 

Precisamente esta baja cifra y “la amenaza de una segunda ola de contagios por la Covid-19”, alega el Gobierno de Arce para la necesidad de conceder amnistía e indulto, como medida preventiva en los centros penitenciarios del país y proteger la vida y salud de los restringidos en sus derechos a la libertad. 

Doble finalidad

El indulto es un beneficio que perdona la pena impuesta por la comisión de un delito, alcanza a personas que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada, en cambio la amnistía implica el perdón del delito.

El último decreto presidencial, aprobado y refrendado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 12 de febrero, contempla ambos beneficios: indulto y amnistía, además su alcance tiene dos finalidades, por razones humanitarias, para las personas vulnerables, y los “perseguidos políticos”. 

En cuanto a la primera, establece que es “resguardar la vida, la salud e integridad de personas privadas de libertad por el incremento de contagios de Covid-19 y el hacinamiento en los centros penitenciarios”.

Respecto a la segunda, dice que el decreto tiene la finalidad de “reestablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso”, para las personas que están procesadas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“Los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis polític...