El MAS no sólo intensifica la versión del “golpe”, también busca revancha

En este último periodo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su gobernante, Luis Arce Catacora, intensificaron su estrategia de imponer la versión de que en 2019 hubo “golpe de Estado”, de responsabilizar al Gobierno de Jeanine Áñez de la crítica situación económica del país y castigar a los presuntos responsables de lo acontecido.

Desde el 8 de noviembre de 2020 (asunción del nuevo Gobierno), el nuevamente gobernante MAS y su flamante mandatario desplegaron el discurso de que el Gobierno de Áñez fue “de facto”, pese a que, durante la campaña electoral, Arce reconoció que Áñez fue  “presidenta constitucional”.

En mayo de 2020, en el programa No Mentirás, a la consulta de si Áñez era presidenta constitucional o de facto, el aún candidato Arce respondió “es transitoria constitucional”.

Sin embargo, el día que juró como presidente cambió de parecer y comenzó a llamarla “de facto”, aspecto que es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, actos oficiales  u otros.

Esta actitud es cuestionada por constitucionalistas que interpretan que el MAS trata de imponer el relato de un presunto “golpe de Estado” e intentar dejar en la penumbra que en 2019 hubo un fraude electoral perpetrado por el presidente Evo Morales y su entorno, además de desconocer los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias naciones.

La auditoría de la OEA (solicitada por Evo Morales) realizada entre el 31 octubre y el 4 de diciembre de 2019 (informe preliminar) señala: “Se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final”.

En las actas: alteración y falsificación de firmas de jurados, de significancia. En el procesamiento: manipulación y redireccionamiento de datos a servidores ocultos, haciendo posible la suplantación de actas con participación directa del TSE.

En suma, en palabras de la OEA, las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019 hubo“manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

Este extremo es negado por las dirigencias sociales y ahora la máxima autoridad, que sostienen que se trató de un gobierno de facto, y de esta manera desconocen incluso lo aprobado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dominada por los dos tercios del MAS.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan recuerda que Evo Morales renunció formalmente a la presidencia mediante una carta dirigida a la ALP, que fue leída y aceptada por los legisladores.

En aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE) conforme a los artículos 169.I. y 170, el Reglamento de la Cámara de Senadores, artículo 41, y la Declaración Constitucional No. 003/2001 de 31 de julio de 2001, “validada por sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia del 12 de noviembre 2019”, se abre y aplica la sucesión constitucional al cargo de “presidente interino de Bolivia”, en este caso la senadora Jeanine Áñez. 

La politóloga Patricia Velasco también señaló que la ALP, con los dos tercios del partido de Evo Morales (mayoría parlamentaria), “anuló las elecciones”, “aprobó la sucesión constitucional” y convocó a “nuevas elecciones”.  Estos dos tercios, además, “aprueban la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades, Ley No. 1270, del 20 de enero de 2020”, refiere Velasco.

Ataques al anterior

Durante su investidura en el Legisla...