Retardación de justicia y las víctimas colaterales

La familia del exjefe de operaciones de la agencia del Banco Unión en el municipio de Desaguadero, Julio César R., detenido en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 18 de mayo de 2018, por un presunto desfalco de Bs 1,6 millones en 2017, busca justicia ya que a la fecha no hay avances en la investigación.

Según relató uno de los familiares a EL DIARIO, el exjefe de operaciones fue aprehendido el 16 de mayo de 2018, ese día permaneció en celdas policiales a la espera de prestar su declaración informativa. Por un “mal asesoramiento” del abogado que lo patrocinó de inicio, Julio se acogió a su derecho al silencio.

Desde el momento de la aprehensión, la familia de Julio pidió ver el cuaderno de investigaciones para conocer detalles de la denuncia, empero les fue negada. Ya en audiencia de medidas cautelares el exjefe explicó que no tenía conocimiento de ningún desfalco porque en la agencia de Desaguadero nunca se detectó faltante de dinero, siendo que el banco tiene auditorías internas y externas constantes y sus estados financieros son publicados anualmente, por lo que en las gestiones 2015, 2016 y 2017 no reflejaron faltante alguno de dinero, por ende el área de auditoría estaría entrando en una contradicción de información.

Al concluir la audiencia, el fiscal del caso manifestó a los medios de comunicación que el exjefe se declaró culpable y que involucró a otras personas, información que fue desmentida por familiares de Julio a través de una carta pública, donde aclararon que es inocente y que jamás acusó a otros compañeros.

Desde el inicio del proceso hubo un sinfín de irregularidades que a la fecha no se aclaran, por ejemplo, la denuncia fue presentada sólo con un informe de auditoría interna realizada por el gerente regional del Banco Unión de La Paz. No contiene informes de las cinco fechas en las que se dio el supuesto desfalco de 1,6 millones de bolivianos, tampoco demuestran cómo Julio sacó físicamente esa cantidad de dinero.

El exjefe de operaciones y único detenido, afirmó en sus declaraciones que las claves de acceso a las cuentas de los cajeros automáticos no son de uso único y el área informática del Banco Unión también tiene acceso a ellas.

Existen informes contradictorios de la Contraloría, una primera emitida el 28 de noviembre de 2018, señala que los trabajadores del Banco Unión S. A. no son funcionarios públicos, por lo que no pueden ser procesados por incumplimiento de deberes. El segundo informe, de fecha 7 de mayo de 2019, contradice el primero y dice que “para ciertos fines” se los considera empleados del Estado.

En ese marco, el 14 de enero de 2019, Julio fue acusado por cuatro delitos en su contra, sin embargo, en octubre de 2019, emiten una segunda acusación donde mencionan como único ilícito, delitos...