Lanchipa deja al sucesor una Fiscalía cuestionada y casos Zúñiga, Áñez y Evo
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, cuya gestión de seis años concluye el próximo 22 de octubre, hereda a su sucesor o sucesora casos sonados como fraude electoral, golpe de Estado I, II y III, gases lacrimógenos, caso respiradores; denuncias de corrupción como el caso de las piscinas de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), y, recientemente, querellas de trata de personas y estupro contra el expresidente Evo Morales, entre los más conocidos.
Además, Lanchipa deja un Ministerio Público cuestionado por su falta de independencia del Gobierno central y con el desafío de encarar una reforma para garantizar una justicia independiente y efectiva en Bolivia, y para recuperar su institucionalidad, coincidieron analistas.
Casos políticos
Para el analista constitucionalista Israel Quino, durante la gestión de Lanchipa no hubo casos de relevancia resueltos que “definan una gestión impecable”; más bien fue el periodo de mayor inflexión institucional al no procesar de oficio, “por ejemplo, a los miembros de la justicia autoprorrogada por atentar contra el mandato de la Constitución Política y poner en riesgo a los órganos de poder y sus equilibrios”.
Ningún juicio de responsabilidades obtuvo sentencia ejecutoriada y los casos más polémicos conocidos como “golpe y fraude” no tienen certezas procesales y avanzan con la misma incertidumbre, “mientras más de 30 muertes, efecto de la crisis política de noviembre de 2019, continúan en la total impunidad”.
El abogado Eusebio Vera cuestionó que los casos de mayor relevancia en la gestión de Lanchipa sean los de carácter político y en este ámbito mencionó los casos en contra de la expresidenta Jeanine Á
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